Las ONG manifiestan dificultades en el acceso a recursos para las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en la Región de Murcia

Las ONG’s que trabajan en la Región de Murcia en el programa de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional: Accem, Asociación Murcia Acoge, Fundación CEPAIM  y Cruz Roja Española han puesto de manifiesto la realidad con la que se encuentran en el día a día de su labor con  estas personas. Las organizaciones intervienen directamente en todo el proceso desde que una persona registra la solicitud de asilo o refugio, hasta que, en el mejor de los casos, se logra la integración efectiva de esta persona en la sociedad de acogida.

 

Concretamente Patricia Mompeán Campillo, manifestó que “son 1.177 las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, ahora mismo, atendidas por las ONG en la Región de Murcia, en su gran mayoría procedentes de países como Venezuela, Ucrania, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Colombia, Siria, Palestina, El Salvador, Argelia, honduras, Camerún o Marruecos”. Para Patricia Mompeán “son muchos y diversos los motivos o razones por las que estas personas huyen de su país de origen, debido a conflictos bélicos, a que sufren persecución por ideología, religión, orientación sexual..etc”

 

 

Para contextualizar el procedimiento, Patricia Mompeán manifestó que “el sistema de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional en España prevé una metodología de intervención basada en itinerarios individualizados de integración por fases, en función del grado de autonomía que vayan adquiriendo estas personas”

 

Concretamente, el itinerario de integración se divide en 3 fases muy definidas:

 

  • Fase de Acogida, con una duración de 6 meses. Se cubren las necesidades básicas de las personas desde el momento de su llegada y estancia en un centro de acogida, al tiempo que adquieren las habilidades que faciliten su independencia a la salida del propio centro. Además de alojamiento y manutención se les proporciona atención social, psicológica, traducción e interpretación, asesoramiento legal, formación sobre todo en idioma Español…
  • Fase de Integración, con una duración de otros 6 meses, comienza cuando la persona abandona el dispositivo de acogida y recibe ayudas económicas para facilitar su itinerario social.
  • Fase de Autonomía, con una duración también de 6 meses, supone la finalización de su itinerario, logrando o no su autonomía como personas. Mantiene apoyo eventual y la referencia de la entidad de acogida.

 

Sin embargo, tal y como aseveró Patricia Mompeán “para las personas vulnerables el periodo para su itinerario se fija en 24 meses, en casos muy concretos, como pueda ser personas con discapacidad, personas mayores, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores a su cargo, víctimas de trata, personas con enfermedades graves, trastornos psíquicos, aquellas personas que hayan sufrido tortura, violaciones, mutilaciones etc…”

 

Para la Patricia Mompeán “es evidente que el tiempo que tenemos es escaso y en nuestro camino encontramos serias dificultades, como pueda ser la exclusión residencial de este colectivo, la demora administrativa por ejemplo en  la adquisición de la Tarjeta Roja (sin pasaporte no hay empadronamiento, sin empadronamiento no hay tarjeta médica, sin tarjeta roja tampoco puedes acceder a formación reglada etc…), o el hecho de que el programa se manifieste como dinámico y cambiante, sin ajustarse en ocasiones a la realidad de las personas destinatarias”.

 

 

El proceso logra la acogida, pero no integra a las personas solicitantes de asilo y refugio.

 

Por su parte, Rosario López López, manifestó que “las ONG’s que trabajamos en para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, nos encontramos con toda una serie de dificultades a la hora de realizar nuestra labor diaria”.

Tal y como manifestó Rosario López, “el porcentaje entre solicitantes y personas a las que efectivamente se les reconoce el status de protección internacional, es ínfimo, pues según datos de Eurostat, el año pasado se recibieron en España 30.445 solicitudes de asilo, de las cuales sólo se resolvió el 44%. De este 44%, sólo se les concedió el estatuto de refugiado a 595 personas EN TODA ESPAÑA, muy por debajo de la media europea en resoluciones favorables del estatuto de refugiado.

Por poner un ejemplo: en la UE por cada millón de habitantes se conceden de media 1.050 estatutos de refugiado, mientras que en España esta cifra baja hasta los 100, cifras claramente inferiores a las de otros estados miembro de la U.E como puedan ser Alemania, Italia o Francia.

España cerró 2017 con 31.120 nuevas solicitudes de protección internacional registradas, el mayor número desde 1984, cuando se aprobó la primera Ley de Asilo, y el doble que las 15.755 de un año antes. El Gobierno resolvió el año pasado 13.350 peticiones, frente a las 10.250 de 2016, pero si bien entonces el 67%, es decir 6.867, fueron favorables, en esta ocasión el porcentaje ha caído al 35%, o lo que es lo mismo, a 4.672. De ellas, solo 595 lograron la consideración de refugiados, cifra que no obstante es la más alta desde 1994. Estos datos están recogidos en el decimosexto informe anual que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este lunes y que también pone el acento en que las reclamaciones pendientes de resolución se han duplicado. La Administración tenía acumulados 42.025 expedientes a finales del pasado mes de febrero, cifra que un año antes era de 20.370.

En este sentido, tal y como comentó la portavoz de las ONG, “las dificultades que nos encontramos son diversas, entre las más importantes figura un excesivo retraso en la asignación de citas para entrega de la tarjeta roja (documento de acreditación de solicitante de refugio), fundamental para que las personas puedan acceder a trámites tan básicos como el empadronamiento, solicitud de vivienda, ayudas y formación gestionadas desde organismos oficiales, vital para su integración en la sociedad”. En general la burocracia es cada vez más compleja y dificulta sobremanera cualquier trámite, por sencillo que pueda parecer. A esto se suma el reducido tiempo de duración del proceso en sí”.

 

“Creemos fundamental que desde los organismos implicados en la gestión como la Oficina de Extranjería de Murcia se amplíe el horario de atención y se deleguen los recursos necesarios, incluso facilitando estos procedimientos a través de su página web, o desde otros organismos como puedan ser las comisarías de policía, tal y como sucede en otras comunidades” concluyó la trabajadora social.

 

“No es viable que lo social vaya a una velocidad y que los problemas burocráticos ralenticen nuestro ritmo”.

 

Para la representante de CEPAIM, “No es viable que lo social vaya a una velocidad y que los problemas burócráticos ralenticen ese ritmo. Para ello, la Administración debe adaptarse a los tiempos que corren”. “Sin embargo, también es digno de resaltar los esfuerzos que ha llevado a cabo el SEF (Servicio Regional de Empleo y Formación) para facilitar el acceso del colectivo de personas solicitantes de protección internacional a la formación necesaria para su inclusión en el mercado laboral, incluyendo a las personas refugiadas dentro de los colectivos vulnerables que requieren de una atención específica” resaltó Rosario López.

 

Según la portavoz de las ONG “el acceso a la vivienda es otra de las graves dificultades que estamos encontrando, sobre todo a la hora de encontrar vivienda de alquiler para estas personas”. “No basta con el compromiso o las buenas intenciones, entendemos que las administraciones pueden y deben hacer más al respecto, pues necesitamos acceso a vivienda digna, y encontramos una lista de espera interminable para el acceso a vivienda social”.

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